Más impuestos y menos beneficios con plan fiscal a cinco años
Reducir a 15 los días de vacaciones pagas para el sector público y privado, aumentar el periodo probatorio a dos años, alterar la forma en que se pagan las horas extra y eliminar los bonos a los empleados al final del año son algunos de los lineamientos básicos que regirán el plan fiscal a cinco años, según datos oficiales del Gobierno a los que Metro tuvo acceso.
El documento —un bosquejo que delinea lo que será el plan fiscal a largo plazo y que se basa mayormente en las recomendaciones del informe Krueger— destaca que el plan se dividirá en cuatro renglones. El primero es la reforma estructural, que incluye cambios a ciertas leyes para reducir los costos laborales; cambios para reducir los costos energéticos, como abrir la generación a la competencia privada para reducir las tarifas; buscar la derogación de las leyes de cabotaje y liberalizar la competencia y precios para reducir los costos de transportación.
También incluye una reforma en los beneficios sociales (welfare) y obligar que los cambios en el salario mínimo tengan que pasar por la aprobación legislativa.
El segundo renglón es la reforma fiscal, que en el área de ingresos incluye “aumentar y ampliar” los impuestos al consumo, la transformación al impuesto al valor agregado (IVA), restringir el uso de amnistías fiscales y actualizar los impuestos a la propiedad. En el área de gastos, destaca extender la vigencia de la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal del 2017 al 2025, congelar las fórmulas de la Rama Judicial y la Universidad de Puerto Rico (UPR), congelar salarios y beneficios, así como los contratos. Además, solicita mayor eficiencia en el Departamento de Educación mediante el cierre de escuelas y la reducción de maestros.
En esta reforma fiscal también se solicita una reducción a los subsidios de la UPR, cambiar a una matrícula ajustada a los ingresos y cerrar algunos de los 11 recintos. Además, se incluye una reducción en los gastos médicos y el plan del Gobierno de hasta $200 millones.
El tercer aspecto es el de infraestructura y recomienda implementar un plan de inversión a cinco años de $1,500 millones.
El último elemento es hacer una reforma institucional y solicita cambios en el proceso presupuestario similares a los implementados en el Gobierno federal (como PAYGO y Gramm-Rudman), mejorar la transparencia y requerir información trimestral sobre gastos, entre otros.
Para cada renglón hay asignado un representante del Banco Gubernamental de Fomento, uno de La Fortaleza, uno de una agencia de Gobierno, un asesor —que muchas veces es miembro del equipo de la economista Anne Krueger— y uno de las minorías, pero esta última casilla siempre está en blanco.
El plan fiscal es parte de las responsabilidades asignadas por el gobernador Alejandro García Padilla al Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica de Puerto Rico y debe ser entregado el 30 de agosto. Este grupo también deberá iniciar la renegociación de la deuda y crear una junta de control fiscal.
El documento —un bosquejo que delinea lo que será el plan fiscal a largo plazo y que se basa mayormente en las recomendaciones del informe Krueger— destaca que el plan se dividirá en cuatro renglones. El primero es la reforma estructural, que incluye cambios a ciertas leyes para reducir los costos laborales; cambios para reducir los costos energéticos, como abrir la generación a la competencia privada para reducir las tarifas; buscar la derogación de las leyes de cabotaje y liberalizar la competencia y precios para reducir los costos de transportación.
También incluye una reforma en los beneficios sociales (welfare) y obligar que los cambios en el salario mínimo tengan que pasar por la aprobación legislativa.
El segundo renglón es la reforma fiscal, que en el área de ingresos incluye “aumentar y ampliar” los impuestos al consumo, la transformación al impuesto al valor agregado (IVA), restringir el uso de amnistías fiscales y actualizar los impuestos a la propiedad. En el área de gastos, destaca extender la vigencia de la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal del 2017 al 2025, congelar las fórmulas de la Rama Judicial y la Universidad de Puerto Rico (UPR), congelar salarios y beneficios, así como los contratos. Además, solicita mayor eficiencia en el Departamento de Educación mediante el cierre de escuelas y la reducción de maestros.
En esta reforma fiscal también se solicita una reducción a los subsidios de la UPR, cambiar a una matrícula ajustada a los ingresos y cerrar algunos de los 11 recintos. Además, se incluye una reducción en los gastos médicos y el plan del Gobierno de hasta $200 millones.
El tercer aspecto es el de infraestructura y recomienda implementar un plan de inversión a cinco años de $1,500 millones.
El último elemento es hacer una reforma institucional y solicita cambios en el proceso presupuestario similares a los implementados en el Gobierno federal (como PAYGO y Gramm-Rudman), mejorar la transparencia y requerir información trimestral sobre gastos, entre otros.
Para cada renglón hay asignado un representante del Banco Gubernamental de Fomento, uno de La Fortaleza, uno de una agencia de Gobierno, un asesor —que muchas veces es miembro del equipo de la economista Anne Krueger— y uno de las minorías, pero esta última casilla siempre está en blanco.
El plan fiscal es parte de las responsabilidades asignadas por el gobernador Alejandro García Padilla al Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica de Puerto Rico y debe ser entregado el 30 de agosto. Este grupo también deberá iniciar la renegociación de la deuda y crear una junta de control fiscal.
Lineamientos generales
Estas son algunas de las medidas que se incluirían en el plan fiscal:
• Reforma estructural. Reducir vacaciones pagas a 15 días en el sector público y privado, aumentar a dos años el periodo de prueba laboral, abrir el mercado energético, etc.
• Reforma fiscal. Aumentar impuestos al consumo, extender vigencia de la Ley 66, reducir escuelas, cambios en la matrícula y eliminación de campus de la UPR, entre otros.
• Reforma institucional. Cambios en proceso presupuestario y reembolsos, requerir mayor información, crear un nuevo Departamento de Finanzas y Economía, entre otros.
• Reforma fiscal. Aumentar impuestos al consumo, extender vigencia de la Ley 66, reducir escuelas, cambios en la matrícula y eliminación de campus de la UPR, entre otros.
• Reforma institucional. Cambios en proceso presupuestario y reembolsos, requerir mayor información, crear un nuevo Departamento de Finanzas y Economía, entre otros.
Cambios significativos. También se recomiendan menos maestros y escuelas, así como menos recintos y cambios en la matrícula de la UPR
El plan fiscal a cinco años se presentará el 30 de agosto, pero será la junta de control fiscal la que velará por que se cumpla.
Más impuestos y menos beneficios con plan fiscal a cinco años
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