Obama pide al Congreso incluir a P.R. en la Ley federal de Quiebras
La administración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, solicitó hoy al Congreso federal que apruebe el proyecto de ley que busca incluir a las corporaciones públicas de Puerto Rico en el capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras, de manera que se puedan reestructurar los pasivos “insostenibles”, reportó hoy Reuters.
En una carta firmada por el secretario del Tesoro, Jack Lew, y enviada al presidente del Comité de Finanzas del Senado, el republicano Orrin Hatch, se indica que “al conceder acceso a Puerto Rico a un régimen de quiebra ordenada lo más pronto posible, el Congreso puede ayudar a poner a la Isla —y a los millones de ciudadanos americanos que allí viven— en el mejor camino para una recuperación sostenida”.
Actualmente, la Cámara federal tiene ante su evaluación el proyecto HR-870, de la autoría del comisionado residente, Pedro Pierluisi, que solicita incluir a Puerto Rico en el capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras. Un proyecto similar fue presentado en el Senado federal (S-1774) y en estos momentos el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, se encuentra en Washington, D.C., cabildeando por la aprobación de ambos.
Según Reuters, Lew afirmó que Puerto Rico ha hecho las decisiones fiscales “menos adecuadas” y que Washington no tenía ninguna intención de rescatar a la Isla, pero que no ayudar a Puerto Rico a que reestructure rápidamente su deuda puede conducir a un daño económico a largo plazo.
El funcionario federal agregó en su carta que, si no se diera a Puerto Rico esa protección dentro de la Ley federal de Quiebras, “una resolución de las obligaciones financieras de Puerto Rico probablemente sería caótico, prolongado y costoso, tanto para Puerto Rico y de manera más amplia para los Estados Unidos”.
Pierluisi celebra la determinación
Al conocer la determinación, el comisionado residente expresó por escrito que daba la bienvenida a la defensa del secretario del Tesoro, a quien le da “toda la razón cuando señala que permitir que las corporaciones públicas de Puerto Rico tengan acceso a la protección del Capítulo 9, ‘no implica ayuda financiera federal y de ninguna manera constituye un rescate federal’”.
“Continuaré haciendo todo lo que esté a mi alcance, trabajando con mis aliados en ambos partidos, para mover hacia adelante y de manera rápida esta legislación en el Congreso”, expresó Pierluisi, que también dio la razón a Law al afirmar que la determinación ayudaría a los puertorriqueños, que también son ciudadanos americanos.
De hecho, el Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico, así como el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston, declararon inconstitucional un proyecto de ley de Puerto Rico que pretendía dar la protección del capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras a las corporaciones públicas de la Isla con una legislación local, la Ley 71, conocida como la "ley de quiebra criolla". Con esa decisión, las corporaciones públicas quedaban totalmente desprovistas de un proceso organizado, fuera a nivel federal o local, para un proceso de quiebras.
Aunque son varias las corporaciones públicas que se encuentran en problemas, es la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) la única en la Isla que se encuentra en un proceso de reestructuración de su deuda de $9,000 millones.
De los $72,000 millones de deuda pública de Puerto Rico, $24,000 millones corresponde a las corporaciones públicas, que sería la que estaría disponible para reestructurarse dentro del capítulo 9.
En una carta del secretario del Tesoro, Casa Blanca solicita que se apruebe el proyecto de Pierluisi para incluir a la Isla en el capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras En una carta firmada por el secretario del Tesoro, Jack Lew, y enviada al presidente del Comité de Finanzas del Senado, el republicano Orrin Hatch, se indica que “al conceder acceso a Puerto Rico a un régimen de quiebra ordenada lo más pronto posible, el Congreso puede ayudar a poner a la Isla —y a los millones de ciudadanos americanos que allí viven— en el mejor camino para una recuperación sostenida”.
Actualmente, la Cámara federal tiene ante su evaluación el proyecto HR-870, de la autoría del comisionado residente, Pedro Pierluisi, que solicita incluir a Puerto Rico en el capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras. Un proyecto similar fue presentado en el Senado federal (S-1774) y en estos momentos el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, se encuentra en Washington, D.C., cabildeando por la aprobación de ambos.
Según Reuters, Lew afirmó que Puerto Rico ha hecho las decisiones fiscales “menos adecuadas” y que Washington no tenía ninguna intención de rescatar a la Isla, pero que no ayudar a Puerto Rico a que reestructure rápidamente su deuda puede conducir a un daño económico a largo plazo.
El funcionario federal agregó en su carta que, si no se diera a Puerto Rico esa protección dentro de la Ley federal de Quiebras, “una resolución de las obligaciones financieras de Puerto Rico probablemente sería caótico, prolongado y costoso, tanto para Puerto Rico y de manera más amplia para los Estados Unidos”.
Pierluisi celebra la determinación
Al conocer la determinación, el comisionado residente expresó por escrito que daba la bienvenida a la defensa del secretario del Tesoro, a quien le da “toda la razón cuando señala que permitir que las corporaciones públicas de Puerto Rico tengan acceso a la protección del Capítulo 9, ‘no implica ayuda financiera federal y de ninguna manera constituye un rescate federal’”.
“Continuaré haciendo todo lo que esté a mi alcance, trabajando con mis aliados en ambos partidos, para mover hacia adelante y de manera rápida esta legislación en el Congreso”, expresó Pierluisi, que también dio la razón a Law al afirmar que la determinación ayudaría a los puertorriqueños, que también son ciudadanos americanos.
De hecho, el Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico, así como el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston, declararon inconstitucional un proyecto de ley de Puerto Rico que pretendía dar la protección del capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras a las corporaciones públicas de la Isla con una legislación local, la Ley 71, conocida como la "ley de quiebra criolla". Con esa decisión, las corporaciones públicas quedaban totalmente desprovistas de un proceso organizado, fuera a nivel federal o local, para un proceso de quiebras.
Aunque son varias las corporaciones públicas que se encuentran en problemas, es la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) la única en la Isla que se encuentra en un proceso de reestructuración de su deuda de $9,000 millones.
De los $72,000 millones de deuda pública de Puerto Rico, $24,000 millones corresponde a las corporaciones públicas, que sería la que estaría disponible para reestructurarse dentro del capítulo 9.
Obama pide al Congreso incluir a P.R. en la Ley federal de Quiebras
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