Impago de la deuda constitucional no es opción
Reestructurar la deuda de las corporaciones públicas y buscar alternativas para entablar planes de pago de la deuda constitucional son algunas alternativas que plantearon hoy, miércoles, abogados expertos en el tema durante el Foro Constitucional sobre la Deuda Pública.
Durante el evento, el moderador y director ejecutivo de la Asociación de Abogados de Puerto Rico, Ramón L. Rosario Cortés, estableció que “hay serias implicaciones y consecuencias legales de incumplir con el pago de la deuda pública, particularmente la porción de la deuda cobijada por la garantía constitucional”.
Destacó que al presente la deuda constitucional es de $1,126 millones y la no constitucional -que se refiere a corporaciones públicas- de $3,343 millones.
“Acreedores nos van a demandar por la deuda constitucional porque la Constitución dice que lo primero que se paga es eso. Al final del día, nos van a demandar y el dinero saldrá del Fondo General. Hay otras deudas que se pueden reestructurar que no tienen esa obligación”, manifestó Rosario Cortés.
Durante el foro, efectuado en el teatro de la Universidad del Sagrado Corazón, Carlos E. Ramos González, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Interamericana, explicó cómo históricamente el gobierno lograba mantenerse al día en el pago de sus deudas para mantener el buen crédito del País y así poder hacer obras.
No obstante, dijo que el gobierno tiene que sentarse con los acreedores para llegar a acuerdos de pagos, sin mantener secretismo sobre sus obligaciones.
En cuanto a la designación de una junta de control fiscal por parte del gobierno de Estados Unidos, criticó el que sea un mecanismo impuesto por el Congreso federal.
“Puede ser un mecanismo de reestructuración, una supervisión o mentoría. El problema de fondo es que la junta es de imposición del Congreso. En la medida en que sean imposiciones sobre lo que debe ser el futuro de los puertorriqueños, ya de por sí es un problema bien serio. Aunque puedan salir ideas para ayudar a Puerto Rico, se olvidan que, aunque somos un territorio, somos un país con derechos y cualquier cosa positiva que salga, sería una imposición y eso es lo que hay que objetar”, dijo Ramos González.
El educador recordó que juntas parecidas se pusieron en vigor en la ciudad de Detroit (Michigan) y Nueva York, pero fueron implantadas por los propios estados.
“Que el incumplimiento no sea total”
“A corto plazo, no hay más alternativa que tomar medidas de emergencia para que el gobierno siga funcionando. Que al menos se paguen intereses para de alguna manera obligar a los acreedores a sentarse, que el incumplimiento no sea total”, agregó.
Igualmente opinó el profesor de derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Walter Alomar Jiménez, quien entiende que "lo mejor que puede hacer Puerto Rico en estas cinco semanas es establecer diálogos con mercados financieros para que haya un compromiso serio y real para poder establecer planes de pago para pagar la deuda".
“Los acreedores, los bancos atienden situaciones económicas de todo el mundo y se hacen planes de pago. Pero el gobierno tiene que hablar claro y con seriedad y presentar un cuadro completo. Hay que llegar a acuerdos y cumplir y restaurar nuestro crédito”, señaló Alomar Jiménez.
Durante su presentación en el evento, organizado por la entidad Constitución de Puerto Rico y su Historia, Inc., Alomar Jiménez recalcó que la Constitución quiso establecer un gobierno fiscalmente responsable para mantener un buen crédito.
“Puerto Rico debe tomar medidas para reactivar su economía, reducir costos, pero que se puedan reducir y atender todas las deudas con los acreedores. No se pueden poner a pelear y decir que no van a pagar. Esos comentarios causan que los valores de Puerto Rico bajen, nos degraden los bonos y (quedemos) sin acceso a préstamos. Ese discurso de no voy a pagar es erróneo”, añadió Alomar Jiménez.
En cuanto a la propuesta junta de control fiscal, el profesor destacó que la Isla ha alcanzado “algún grado de autonomía”, por lo que el hecho de que “se le imponga por el Congreso unilateralmente esta junta que tomará decisiones sobre el estado financiero, menoscaba la democracia el que funcionarios no electos tomen decisiones”.
“Puerto Rico ha tenido la oportunidad por 30 o 40 años de que sus funcionarios electos tomen decisiones, pero si ganas $10 y gastas $15, a la larga vas a tener un problema... Muchos tomaron decisiones pensando en el costo político y muchas veces tomaron malas decisiones administrativas por eso mismo, por el costo político”, agregó Alomar Jiménez.
“Estamos tan mal, que hasta al papa hay que llamar”
El jurista en Derecho Internacional y Comparado Iván Rivera, mientras, comparó las disposiciones constitucionales relacionadas al pago de la deuda con otros estados y países. Recordó que Puerto Rico fue de las primeras jurisdicciones en establecer como prioridad el pago por la vía constitucional, que hasta limita la facultad del gobernador de turno a cambiar la realidad de que, en caso de crisis fiscal, se paga primero la deuda constitucional.
Los presidentes de las asociaciones de abogados puertorriqueños en Florida y Nueva York, Anthony Suárez y Betty Lugo, respectivamente, dialogaron sobre la perspectiva de la diáspora en relación a la deuda pública. Indicaron que han servido de enlace con los congresistas para abogar por la aprobación de medidas a nivel federal que ayuden a Puerto Rico a salir de la crisis.
Lugo incluso comentó que le iba a escribir al papa Francisco, lo que provocó que Rosario Cortés concluyera que “estamos tan mal, que hasta al papa hay que llamar”.
Al foro asistieron la exgobernadora Sila M. Calderón y los jueces asociados del Tribunal Supremo Erick Kolthoff Caraballo y Efraín Rivera García, entre otros.
Impago de la deuda constitucional no es opción
Durante el evento, el moderador y director ejecutivo de la Asociación de Abogados de Puerto Rico, Ramón L. Rosario Cortés, estableció que “hay serias implicaciones y consecuencias legales de incumplir con el pago de la deuda pública, particularmente la porción de la deuda cobijada por la garantía constitucional”.
Destacó que al presente la deuda constitucional es de $1,126 millones y la no constitucional -que se refiere a corporaciones públicas- de $3,343 millones.
“Acreedores nos van a demandar por la deuda constitucional porque la Constitución dice que lo primero que se paga es eso. Al final del día, nos van a demandar y el dinero saldrá del Fondo General. Hay otras deudas que se pueden reestructurar que no tienen esa obligación”, manifestó Rosario Cortés.
Durante el foro, efectuado en el teatro de la Universidad del Sagrado Corazón, Carlos E. Ramos González, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Interamericana, explicó cómo históricamente el gobierno lograba mantenerse al día en el pago de sus deudas para mantener el buen crédito del País y así poder hacer obras.
No obstante, dijo que el gobierno tiene que sentarse con los acreedores para llegar a acuerdos de pagos, sin mantener secretismo sobre sus obligaciones.
En cuanto a la designación de una junta de control fiscal por parte del gobierno de Estados Unidos, criticó el que sea un mecanismo impuesto por el Congreso federal.
“Puede ser un mecanismo de reestructuración, una supervisión o mentoría. El problema de fondo es que la junta es de imposición del Congreso. En la medida en que sean imposiciones sobre lo que debe ser el futuro de los puertorriqueños, ya de por sí es un problema bien serio. Aunque puedan salir ideas para ayudar a Puerto Rico, se olvidan que, aunque somos un territorio, somos un país con derechos y cualquier cosa positiva que salga, sería una imposición y eso es lo que hay que objetar”, dijo Ramos González.
El educador recordó que juntas parecidas se pusieron en vigor en la ciudad de Detroit (Michigan) y Nueva York, pero fueron implantadas por los propios estados.
“Que el incumplimiento no sea total”
“A corto plazo, no hay más alternativa que tomar medidas de emergencia para que el gobierno siga funcionando. Que al menos se paguen intereses para de alguna manera obligar a los acreedores a sentarse, que el incumplimiento no sea total”, agregó.
Igualmente opinó el profesor de derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Walter Alomar Jiménez, quien entiende que "lo mejor que puede hacer Puerto Rico en estas cinco semanas es establecer diálogos con mercados financieros para que haya un compromiso serio y real para poder establecer planes de pago para pagar la deuda".
“Los acreedores, los bancos atienden situaciones económicas de todo el mundo y se hacen planes de pago. Pero el gobierno tiene que hablar claro y con seriedad y presentar un cuadro completo. Hay que llegar a acuerdos y cumplir y restaurar nuestro crédito”, señaló Alomar Jiménez.
Durante su presentación en el evento, organizado por la entidad Constitución de Puerto Rico y su Historia, Inc., Alomar Jiménez recalcó que la Constitución quiso establecer un gobierno fiscalmente responsable para mantener un buen crédito.
“Puerto Rico debe tomar medidas para reactivar su economía, reducir costos, pero que se puedan reducir y atender todas las deudas con los acreedores. No se pueden poner a pelear y decir que no van a pagar. Esos comentarios causan que los valores de Puerto Rico bajen, nos degraden los bonos y (quedemos) sin acceso a préstamos. Ese discurso de no voy a pagar es erróneo”, añadió Alomar Jiménez.
En cuanto a la propuesta junta de control fiscal, el profesor destacó que la Isla ha alcanzado “algún grado de autonomía”, por lo que el hecho de que “se le imponga por el Congreso unilateralmente esta junta que tomará decisiones sobre el estado financiero, menoscaba la democracia el que funcionarios no electos tomen decisiones”.
“Puerto Rico ha tenido la oportunidad por 30 o 40 años de que sus funcionarios electos tomen decisiones, pero si ganas $10 y gastas $15, a la larga vas a tener un problema... Muchos tomaron decisiones pensando en el costo político y muchas veces tomaron malas decisiones administrativas por eso mismo, por el costo político”, agregó Alomar Jiménez.
“Estamos tan mal, que hasta al papa hay que llamar”
El jurista en Derecho Internacional y Comparado Iván Rivera, mientras, comparó las disposiciones constitucionales relacionadas al pago de la deuda con otros estados y países. Recordó que Puerto Rico fue de las primeras jurisdicciones en establecer como prioridad el pago por la vía constitucional, que hasta limita la facultad del gobernador de turno a cambiar la realidad de que, en caso de crisis fiscal, se paga primero la deuda constitucional.
Los presidentes de las asociaciones de abogados puertorriqueños en Florida y Nueva York, Anthony Suárez y Betty Lugo, respectivamente, dialogaron sobre la perspectiva de la diáspora en relación a la deuda pública. Indicaron que han servido de enlace con los congresistas para abogar por la aprobación de medidas a nivel federal que ayuden a Puerto Rico a salir de la crisis.
Lugo incluso comentó que le iba a escribir al papa Francisco, lo que provocó que Rosario Cortés concluyera que “estamos tan mal, que hasta al papa hay que llamar”.
Al foro asistieron la exgobernadora Sila M. Calderón y los jueces asociados del Tribunal Supremo Erick Kolthoff Caraballo y Efraín Rivera García, entre otros.
Impago de la deuda constitucional no es opción
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